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En 2016 entró en vigor la Ley 39 /2015, la cual obliga a empresas y profesionales a relacionarse con los organismos públicos a través de medios electrónicos, tal y como marca el artículo 14.2 de la Ley : Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.
La Ley se divide en 133 artículos , estructurados en seis títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.
Constitucionalmente, la ley regula los derechos y garantías mínimos que corresponden a los ciudadanos respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela, como potestad reglamentaria e iniciativa legislativa.
Artículo 3. Capacidad de obrar . A los efectos previstos en esta Ley , tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
– Si se hubiere incurrido en una irregularidad , omisión o vicio que no llegare a impedir la existencia de alguno de sus elementos esenciales , el acto será anulable en sede judicial.
El silencio administrativo es el efecto que produce la falta de resolución expresa en los actos administrativos .
El 2 de octubre de 2016 han entrado en vigor , finalmente, la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento , estos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud.
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo , éste será de tres meses. Éste es el plazo máximo que la LPAC señala para los procedimientos administrativos cuya norma reguladora no prevea un plazo específico.
Que la Ley N° 25.152 establece las medidas a las cuales se deberán ajustar los poderes del Estado Nacional para la administración de los recursos públicos: la formulación del Presupuesto General de la Administración Nacional, la eficiencia y calidad de la Gestión Pública , el programa de evaluación de calidad del gasto,
Están obligados los siguientes sujetos: Las personas jurídicas. Las entidades sin personalidad jurídica. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración .
Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Civ. y Proc. Agrupación de personas con patrimonio propio a la que, sin haberse constituido como persona jurídica , la ley procesal civil atribuye capacidad para ser parte.
Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible , el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
” A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a ) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.